Panamá apuesta por los biocombustibles: una alternativa energética y agrícola
En la reunión semanal del Club Rotario de Panamá, celebrada el 28 de agosto, los socios recibieron como invitado a Rodrigo Cardenal, quien expuso sobre el programa de biocombustibles en el país. Su presentación abordó los avances del sector azucarero, las oportunidades de inversión y los beneficios socioeconómicos y ambientales que representa el uso de etanol como alternativa energética.
La industria azucarera panameña, con más de 110 años de historia y presencia en Santiago y Alanje, se prepara para un giro estratégico: la producción de biocombustibles. El plan, impulsado por la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), busca diversificar la matriz energética, generar empleo y ofrecer una alternativa más sostenible frente a los combustibles fósiles.
¿Qué son los biocombustibles?
Los biocombustibles son combustibles producidos a partir de biomasa. Su uso no es nuevo: Brasil fue pionero en los años setenta, cuando la crisis del petróleo obligó a buscar fuentes alternativas. Desde entonces, el etanol a base de caña se ha consolidado en más de 65 países, incluido el sector de aviación y transporte marítimo.
La ventaja es doble: contribuyen a reducir emisiones contaminantes y fortalecen la seguridad energética. En países como Brasil y Estados Unidos, la mezcla de gasolina con etanol oscila entre el 10% y el 35%. En Sudamérica, Paraguay, Bolivia y Argentina han adoptado esquemas similares, y Centroamérica comienza a dar pasos en la misma dirección.
Panamá y su contexto agrícola
En Panamá, el sector agrícola representa una proporción mínima del PIB y de la fuerza laboral. Por ello, proyectos como el etanol ofrecen una oportunidad única de dinamizar el agro. El país cuenta hoy con unas 22 mil hectáreas de caña de azúcar, pero para alcanzar escala industrial sería necesario duplicar esa superficie.
Según estudios del Banco Mundial, en cinco años la iniciativa podría generar hasta 240 millones de dólares en salarios y beneficios sociales en comunidades rurales. La inversión requerida para tierras, maquinaria y plantas productoras oscilaría entre 370 y 500 millones de dólares.
Apoyo nacional e internacional
El gobierno panameño ha respaldado el proyecto, junto con instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y agencias de cooperación alemana y española. También participan socios estratégicos de Brasil y Estados Unidos, países con experiencia consolidada en la materia.
“Este no es un experimento, es un programa probado en más de medio centenar de países. Panamá busca adaptarlo a su realidad para que funcione sin subsidios, mantenga la recaudación fiscal y beneficie al consumidor”, dijo Cardenal.
Cómo funcionará el esquema
El modelo plantea sustituir progresivamente el 10% de la gasolina importada por etanol producido localmente. En la práctica, el combustible se mezclará en las terminales de Chevron y Puma, que actualmente importan y distribuyen el 100% del mercado. Desde allí se enviará a estaciones de servicio de marcas como Delta, Texaco y Terpel.
La propuesta no alterará la recaudación estatal —unos 60 centavos por galón— y mantendrá los márgenes de las distribuidoras. A mediano plazo, se espera incluso una reducción en el precio final al consumidor, ya que el etanol es más barato que la gasolina convencional.
Impacto ambiental y social
El programa promete beneficios ambientales al reducir emisiones de CO₂. Cada hectárea de caña sembrada absorbe carbono durante su crecimiento, lo que convierte al ciclo en neutro o incluso negativo. Además, el etanol sustituye aditivos químicos contaminantes, mejorando la calidad del aire.
El proceso genera subproductos como la vinaza, utilizada como fertilizante natural, y el bagazo, que alimenta calderas para producir energía eléctrica. En países como Guatemala, esta bioenergía llega a cubrir hasta el 30% de la demanda en temporada de zafra.
En lo social, el proyecto evitaría la migración rural-urbana al generar empleos en comunidades agrícolas, fortaleciendo economías locales y promoviendo encadenamientos productivos.
Retos y oportunidades
El principal desafío es normativo. Aunque la Ley 355 ya regula el sector, falta un reglamento claro que defina reglas de juego y precios, condición indispensable para atraer inversiones a largo plazo. “Estas inversiones se planifican a 15 o 20 años. Sin reglas claras, se corre el riesgo de perder oportunidades”, dijo.
Panamá ha realizado pruebas piloto con vehículos y los resultados fueron positivos. Lo único pendiente es la formalización de la regulación para iniciar la instalación de plantas, contratos de tierras y producción industrial.
Una oportunidad histórica
El programa panameño se inspira en modelos exitosos como el de Filipinas, que en una década pasó de cuatro a quince plantas de etanol. La meta es similar: convertir al país en un referente regional, diversificar su economía y avanzar hacia la sostenibilidad.
“Queremos que el programa sea rentable, no dependa de subsidios y mantenga el equilibrio entre Estado, consumidores y productores. Al mismo tiempo, debe beneficiar al medio ambiente y a las comunidades”, concluyó Rodrigo Cardenal en su exposición.
